Houston, Texas ā El actual alguacil del condado de Webb y su entonces asistente en jefe comparecieron ante una corte federal por su presunta participación en un esquema para defraudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb (WCSO, por sus siglas en inglĆ©s) durante la pandemia de COVID-19, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Se trata de Martin Cuellar Jr., de 67 aƱos, actual sheriff, y Alejandro GutiƩrrez, de 47, ambos residentes de Laredo, quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades y realizaron su primera comparecencia ante la jueza federal Christina Bryan en Houston.
Un gran jurado federal emitió el 19 de noviembre de 2025 una acusación formal de cinco cargos, la cual fue recientemente hecha pública. En ella se alega que entre 2020 y 2022, Cuellar y Gutiérrez conspiraron con otros para malversar fondos y recursos de la oficina del sheriff.
De acuerdo con la acusación, Cuellar, GutiĆ©rrez y el entonces subdirector Ricardo RodrĆguez utilizaron personal y equipo del condado para operar un negocio privado de desinfección durante la pandemia. Presuntamente, en abril de 2020 crearon la empresa Disinfect Pro Master, con la que firmaron contratos con negocios y restaurantes locales, pese a no contar con empleados ni suministros propios.
Las autoridades federales aseguran que empleados del sheriff manejaban las operaciones diarias desde las oficinas de WCSO, recogiendo calendarios y equipo para realizar trabajos de desinfección, tanto dentro como fuera de su horario laboral, utilizando recursos del condado.
La acusación también señala que la empresa obtuvo un contrato de aproximadamente 500 mil dólares para desinfectar planteles del United Independent School District en Laredo, trabajos que supuestamente se realizaron casi en su totalidad con personal y recursos del sheriff.
Durante mĆ”s de dos aƱos, el negocio habrĆa operado con costos mĆnimos, ya que casi todos los empleados y suministros provenĆan del condado. SegĆŗn los cargos, Cuellar, GutiĆ©rrez y RodrĆguez recibieron cerca de 175 mil dólares cada uno, equivalente a una tercera parte de las ganancias. Parte de ese dinero, presuntamente, fue utilizado por Cuellar para comprar una propiedad en Laredo.
Si son declarados culpables, Cuellar y GutiĆ©rrez podrĆan enfrentar hasta 10 aƱos de prisión federal y multas de hasta 250 mil dólares. Cuellar enfrenta ademĆ”s un cargo adicional por lavado de dinero, que podrĆa sumar otros 10 aƱos de cĆ”rcel y sanciones económicas adicionales.
Ricardo RodrĆguez, de 65 aƱos, ya se declaró culpable previamente y su audiencia de sentencia estĆ” programada para el 16 de marzo. Actualmente permanece en libertad bajo fianza.
La investigación fue realizada por el FBI en San Antonio y el Departamento de Seguridad Nacional, Oficina del Inspector General, como parte de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción Fronteriza de Laredo. El caso estÔ siendo procesado por los fiscales federales Heather Winter y Robert Johnson.





